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Rousseau participó activamente en la Ilustración y fue perseguido por el Antiguo Régimen por defender la libertad y la igualdad como derechos naturales del hombre, la soberanía del pueblo en todo pacto social, así como la religión intimista, fuera de las instituciones y de la intolerancia y fanatismo. Sus revolucionarias ideas del Emilio y de El contrato social, contrarias al absolutismo imperante en Europa y críticas con la resignación cristiana que anula al ciudadano como parte activa del pueblo soberano, motivaron su persecución en Francia y en Ginebra. En El contrato social o Principios del Derecho político (1762), Rousseau estableció los principios generales que deben regir toda organización política respetando la libertad, la igualdad y la soberanía del pueblo. Para Rousseau, esta soberanía se expresa en la voluntad general, que es el acuerdo de todos los ciudadanos buscando el bien común. La ley no es, pues, la voluntad de un superior sino la declaración de la voluntad del pueblo y, como tal, libremente aceptada y respetada por todos, incluidos reyes y gobernantes, que no son más que administradores o funcionarios al servicio del pueblo soberano.
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