DISPOSICIONES GENERALES REGULADORAS DEL MERCADO BANCARIO

La puesta en práctica, en un futuro próximo, de un Plan General de Desarrollo de la Economía Española exige un previo examen de los instrumentos de que se dispone para acometer con éxito esa transcendental tarea. Uno de esos instrumentos, quizá el más valioso, es el sistema bancario y la organización crediticia oficial, en los que se ha de apoyar, en gran medida, la financiación del Plan, para lo cual es preciso que el conjunto de instituciones que integran aquéllos fucionen armónica y coordinadamente, sin fallos, interferencias, ni vacíos, en forma tal que, estimulando por los medios adecuados la formación del ahorro, se logre canalizarlo convenientemente hacia la inversión.

Bastaría esta razón para justificar la necesidad y oportunidad de la reforma, pero existen otras igualmente poderosas, derivadas del estado de permanente evolución en que se encuentran las sociedades humanas, en sus aspectos económico, social y político, por efecto de los avances de la técnica, de la constante aspiración de las gentes a aumentar su bienestar y de las corrientes ideológicas que favorecen estas aspiraciones.

Por otra parte, si las instituciones de carácter económico requieren, en general, una periódica revisión para mantenerlas ajustadas a las necesidades que han de atender a la coyuntura con que han de enfrentarse, no pueden constituir excepción los organismos y entidades reguladores o distribuidores del crédito, los defensores del valor del signo monetario, o los llamados a regir la política monetaria, cuando, además, los motivos especiales apuntados aconsejan la reforma en estos momentos.

Nuestra historia legislativa también revela la necesidad de una periódica revisión del sistema. Así, a la primera Ley de Ordenación bancaria, dictada en el año mil ochocientos cincuenta y seis, con el fin primordial de regular los bancos de emisión, siguió la de mil novecientos veintiuno tras la crisis que se desencadenó al finalizar la llamada Gran Guerra, de mil novecientos catorce-mil novecientos dieciocho, y más tarde la Ley de mil novecientos cuarenta y seis, promulgada después del victorioso fin de la campaña de Liberación española, cuando, reparados los mayores daños por ella ocasionados, se iniciaba una etapa de expansión, gracias a cuyo feliz desenvolvimiento es posible hoy, una vez estabilizada y saneada la situación alcanzada, acometer un nuevo y más ambicioso plan de desarrollo, que coloque la economía de España y el nivel de vida de sus habitantes a la altura lograda en otras naciones, que a su mayor riqueza natural unieron el disfrute de cuantiosas y oportunas ayudas exteriores.

Es obligado, asimismo, acomodar la reforma a los principios del Movimiento Nacional, promulgados por Ley de diecisiete de mayo de mil novecientos cincuenta y ocho, en acatamiento de los cuales debe la iniciativa privada, fundamento de la actividad económica, ser estimulada, encauzada y, en último término, suplida por el Estado; ha de establecerse la subordinación de los valores económicos de la Empresa a los de orden humano y social; y ha de orientarse el más justo empleo y distribución del crédito público, en forma que, además de atender a su cometido de desarrollar la riqueza nacional, contribuya a crear y sostener el pequeño patrimonio agrícola, pesquero, industrial y comercial, como se dispuso en la declaración IX del Fuero del Trabajo.

No se puede prescindir, al emprender la reforma, de la experiencia que proporciona el examen de la trayectoria seguida por la Banca central, privada y oficial.

El Banco central de emisión, que tiene su antecedente remoto en el de San Carlos, creado en mil setecientos ochenta y dos, más tarde llamado de San Fernando, fusionado con el de Isabel II y convertido en Banco de España por la primera Ley de Ordenación bancaria, de veintiocho de enero de mil ochocientos cincuenta y seis, ha venido gozando, sin interrupción, del privilegio de emisión de billetes a partir del Decreto de diecinu

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