ESTRATEGIA- INTELIGENCIA FINANCIERA Y BLANQUEO DE CAPITALES

Desde que entró en vigencia la nueva normativa para la prevención del blanqueo de capitales, los movimientos dentro del territorio español de 100.000 euros o más, y los transportes fuera de nuestras fronteras a partir de 10.000 euros -siempre que ambos sean en metálico-, deben declararse. El incumplimiento de la medida puede significarle al portador la pérdida de la suma o el pago de una multa considerable. Las operaciones en metálico dentro de España tienen un límite, y la entrada y salida de dinero del país también. Cualquier persona podría imaginar que es libre de disponer del dinero ahorrado durante toda su vida y dirigirse con una suma considerable a una inmobiliaria para pagar en efectivo la compra de un piso y asegurarse un bien inmueble determinado, al margen de la inseguridad que implique esta iniciativa. Del mismo modo, un jefe de compras de una empresa, en una situación de apuro, puede pensar en reponer maquinarias abonando su coste en metálico para acelerar su traslado e instalación.

Los paraísos fiscales, países donde se pagan impuestos muy bajos o nulos por mantener el dinero depositado en cuentas, están en el punto de mira de los gobiernos para combatir el fraude y el blanqueo de dinero.

Estos territorios o estados donde a determinadas personas o entidades se les somete a una escasa o nula tributación son conocidos sobre todo por la tendencia de empresas o grandes fortunas de acudir a ellos como forma de evasión fiscal. En concreto, se considera paraíso fiscal a todo aquel territorio en el que no se aplique un impuesto idéntico o análogo al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, al Impuesto sobre Sociedades o al Impuesto sobre la Renta de no Residentes, según corresponda.

Junto a los paraísos, existen también los llamados territorios de baja tributación, que poseen regímenes fiscales preferenciales o de privilegio en los que la tributación real y la opacidad fiscal es similar a la de los paraísos fiscales.

Todos ellos tienen unas características comunes que los hacen muy atractivos, como destinos de grandes fortunas. Son territorios con un sistema dual, es decir, tienen un régimen fiscal diferente en función de si el titular es o no residente del país. Además, son países donde el secreto, la confidencialidad y el anonimato del titular y de sus cuentas están asegurados. Hay, también, una ausencia de cualquier norma que limite y controle los movimientos de capitales

En España se ha aprobado una ley de prevención del fraude fiscal que se ocupa, entre otros aspectos, de los paraísos fiscales (ley 36/2006 de 29 de diciembre). Según esta ley, las operaciones con paraísos fiscales y territorios de baja tributación son fórmulas de planificación fiscal abusiva.

La ley establece una serie de medidas para detectar el fraude. También dice que el listado de paraísos fiscales irá disminuyendo a media en que dichos territorios suscriban acuerdos de intercambio de información. Otros desaparecerán.

El fraude fiscal es un fenómeno del que se derivan graves consecuencias para la sociedad en su conjunto. Supone una merma para los ingresos públicos, lo que afecta a la presión fiscal que soportan los contribuyentes cumplidores; condiciona el nivel de calidad de los servicios públicos y las prestaciones sociales; distorsiona la actividad de los distintos agentes económicos, de tal modo que las empresas fiscalmente cumplidoras deben enfrentarse a la competencia desleal de las incumplidoras; en definitiva, el fraude fiscal constituye el principal elemento de inequidad de todo sistema tributario.

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