Cuando la resolución de los conflictos de intereses se refieren a situaciones reguladas por normas de Derecho penal, estamos ante el proceso penal o proceso criminal. Este tiene por objeto la aplicación coactiva de las normas jurídicas penales. La columna vertebral de la regulación del proceso penal es la denominada ley procesal penal, ley rituaria penal, ley adjetiva penal y, más exactamente, ley de enjuiciamiento criminal. Estas normas fundamentales se complementan con disposiciones especiales del mismo o de inferior rango; por encima de todas ellas, se eleva la cúpula de la normativa constitucional, que establece los principios inspiradores de toda la normativa aplicable. El conjunto normativo, junto con la jurisprudencia y la doctrina que se ha ido elaborando, constituye la rama jurídica conocida como Derecho procesal penal. El libro incorpora de forma íntegra y actualizada el Real Decreto por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal.