Hacia una administración de justicia convencionalizada

A partir de los aspectos históricos de la creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de lo concerniente a su naturaleza, competencias y demás, el autor aborda el denominado control de convencionalidad y, en cuanto a su vertiente concentrada, aparte de aludir a su definición y subsidiariedad, explica las razones por las que la jurisprudencia interamericana en general debería considerarse vinculante para los Estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, según su aceptación o negación de la competencia contenciosa del tribunal interamericano y la pertenencia a la Organización de los Estados Americanos, entre otras tantas situaciones. Además, hace un análisis concreto del control difuso de convencionalidad al examinar su origen, desarrollo, vinculatoriedad y demás temas relacionados y referir las distintas críticas que en particular se han dirigido en contra de dicha doctrina.Una cuestión relevante constituye la cavilación sobre el parámetro y el objeto del control, en ambas dimensiones, resultando de suma importancia, y de gran actualidad, lo atinente a las interrogantes formuladas acerca de si las constituciones nacionales están sometidas a dicho control, así como también las resoluciones judiciales en general y la jurisprudencia de las más altas magistraturas particularmente, la emanada de los tribunales constitucionales, en especial ahora que tanto en el ámbito local en México como en el internacional ante la Corte interamericana se ventilan casos en que, en efecto, se estudia la viabilidad de sujetar a este control la Constitución y, en su caso, la jurisprudencia constitucional.Finalmente, el autor reflexiona acerca de los fundamentos básicos que en la actualidad se tienen para el ejercicio del control difuso, al llevar a cabo un recuento de los casos en los que se ha demandado al Estado guatemalteco ante el tribunal interamericano, que a la vez ha hecho mención expresa de la obligación que conlleva el control de convencionalidad mientras la Corte de Constitucionalidad guatemalteca ha reiterado tal deber; hacer un estudio comparativo de los casos emblemáticos abordados lo mismo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México que por medio de la interpretación conforme y el principio pro persona, y concluir con una propuesta de modelo para el ejercicio judicial y difuso de este control, por parte de jueces y magistrados del Poder Judicial guatemalteco, que, en palabras del autor, mutatis mutandis, bien podría reproducirse en otros Estados de la región americana, con el objeto de cumplirse el compromiso que suponen la protección y la garantía de los derechos humanos y, a su vez, evitarse la responsabilidad internacional.

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