Historia de Juana, reina de España apodada la loca

El nombre de Doña Juana es el de uno de los monarcas que por más largo tiempo han figurado en España al frente de los documentos y órdenes reales, y no obstante se puede afirmar que en pocas ocasiones, o mejor dicho en ninguna, tuvo parte la afición a los trabajos que le proporcionaba su elevada jerarquía. Esta especie de hastío al destino arduo que debía ejercer a la edad que requieren las leyes, se le iba aumentando con los años; por el contrario, cualquier faena a que la dedicasen de las propias de su sexo, la abrazaba con el más indecible júbilo; así es que, todavía de corta edad, era la admiración de cuantos la oían y observaban sus entretenimientos. A esto se puede añadir que su nombre no era más que una mera forma para dar a conocer que la heredera del trono de Castilla existía. Cuando pocos años después su hijo el célebre Carlos V tomó las riendas del gobierno de España, por la habitual imposibilidad de su madre, observó el mismo método, ora porque así lo dispusieron en varios Estamentos del reino, ora porque ella era la soberana en realidad y ora por respeto y atención, como lo hizo conocer al renunciar los estados en su hijo Felipe, al cual pedía encarecidamente hiciese conservar ileso el nombre de su desventurada abuela al frente de los negocios públicos, para no causarla descontento. Cincuenta años conservó esta soberana el título de reina de España, a pesar de no haber gobernado ni un solo día; tal era la enajenación mental de que se hallaba poseída causada por los poderosos y bien fundados motivos que más adelante se irán conociendo. El memorable D. Francisco Jiménez de Cisneros y el rey Don Fernando, ordenaron, como gobernadores durante la menor edad de Carlos V, no se hiciese pública la insuficiencia de Doña Juana, a pesar de estar íntimamente convencidos de su incapacidad; de manera que por muchos y reiterados esfuerzos que hicieron algunos para declarar su nulidad, no lo lograron; y eso que para nada les estorbaba, pues que jamás se resintió de que no contasen con su voluntad para ninguno de los actos de gobierno.

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