Preservación del Medio Ambiente: MEDIO MARINO

Hace más de 25 años que en el seno de la UE se están sentando las bases para la aprobación definitiva de la Directiva sobre contaminación procedente de buques y la introducción de sanciones, incluso de carácter penal, para los delitos de contaminación.

Una lucha compleja que va a requerir de muchos medios, tanto humanos como técnicos, para poder atajarla adecuadamente, a fin de evitar los altos costes -económicos, medioambientales y sociales- que suponen los vertidos en aguas europeas, especialmente por hidrocarburos, y que afectan de una manera indirecta a la seguridad y salud de sus ciudadanos, consumidores habituales de los productos del mar. Un tema muy poco estudiado en la actualidad y cuya incidencia habitual se produce mayormente por actuaciones deliberadas, tanto en costas como en alta mar, y no por accidentes evitables como el del Prestige.

La mayor parte de la contaminación por hidrocarburos que se registra en el mundo se debe a descargas deliberadas Los precedentes más inmediatos de la Propuesta de Directiva sobre la contaminación procedente de buques son el hundimiento del Prestige (2002) y el del Erika (1999). Las consecuencias de estos hechos pusieron en alerta a las autoridades comunitarias a fin de actuar con mayor rigor frente a este tipo de situaciones. Las medidas de seguridad introducidas paulatinamente en el ordenamiento jurídico comunitario, así como los regímenes de responsabilidad civil a nivel internacional, han evidenciado su insuficiencia e ineficacia para disuadir lo suficiente a aquellos potenciales infractores de acciones ilegales de vertidos de sustancias contaminantes en aguas marinas.

A pesar de los avances dados a nivel legal, durante la última década han navegado buques de dudosa calidad con cargas contaminantes por aguas europeas, cuyos responsables no han recibido el castigo adecuado. Y, si bien es cierto que los accidentes con mayor repercusión mediática son los que más han calado en la opinión pública, la mayor parte de la contaminación por hidrocarburos procedente de buques que se registra en el mundo se debe a descargas deliberadas, como así reconocen las autoridades comunitarias.

Destacan, entre otras, las que se califican como «descargas operacionales», tanto en aguas costeras como en alta mar, y que consisten en la limpieza de tanques y a la evacuación de aceites de desecho. La peor situación parece haberse detectado en el Mar Mediterráneo, donde en el año 1999 fueron detectadas 1.638 descargas ilegales por parte de la vigilancia aérea, estimándose en 400.000 el volumen anual de hidrocarburos que son vertidos en sus aguas mediante prácticas ilegales. Ello no significa que los buques hayan sido identificados ni que sus responsables hayan sido perseguidos, pues tan sólo significa un porcentaje muy pequeño con respecto a las infracciones cometidas.

La Comisión considera que sólo las sanciones penales son suficientemente efectivas para asegurar que las normas sobre contaminación procedente de buques tengan los efectos deseados La situación es tan delicada que al legislador comunitario no le ha tocado más remedio que ir a buscar la herramienta legal más contundente de la que dispone, el derecho penal, para proteger el medio ambiente. La Propuesta de Directiva establece que las descargas que incumplan la normativa comunitaria constituirán delito, pudiéndose aplicar sanciones, incluso de carácter penal con privación de libertad, a las personas declaradas responsables por los tribunales de haber participado en las mismas de manera deliberada o por negligencia grave.

La norma en cuestión es, sin duda, un primer paso para poner coto a determinadas prácticas ilegales que quedaban impunes o, en el mejor de los casos, muy pocas, con sanciones menores o penas ínfimas, que afectaban tan sólo al capitán del barco, pero que nunca salpicaban al que daba las órdenes a éste, la compañía propietaria del barco, y siempre y cuando se dispusieran de pruebas sufic

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